Cárcel o impunidad, la PGR decide

Por Ángel Álvaro Peña

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Alma Grande

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Terminan su periodo de gracia cinco ex colaboradores del ex gobernador Javier Duarte, y de inmediato la justicia está investigándolos por una serie de delitos que implican la complicidad con su jefe.

Como lo hemos expuesto, solicitado, exigido y anunciado en este espacio, es necesario que todos los implicados en el saqueo que encabezó Javier Duarte, sean sancionados de manera ejemplar.

Podría decirse que Alberto Silva Ramos, Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández, Edgar Spinoso Carrera y Noemí Guzmán Lagunes vivían horas extras amparados en el Fuero.

Su tranquilidad y su impunidad tiene fecha de caducidad, y ese momento llegó.

De todos ellos hemos escrito en este espacio mucha tinta,  se le ha denunciado a cada uno por los delitos que dentro de la complicidad con Javier Duarte cometieron y por los que creyeron nunca serían juzgados.

Desde luego que cuentan con coartadas, pero sobre todo con el dinero suficiente como para pagar a los mejores abogados y recurrir a los más desgastados recursos de los delincuentes de cuello blanco. Pero la justicia deberá imponerse.

En el caso del priista Alberto Silva Ramos, deberá investigarse desde que fungió como Presidente Municipal de Tuxpan, después como Secretario de Desarrollo Social y Coordinador de Comunicación Social en el gobierno del hombre más odiado de Veracruz. Desde aquellos días en que ganó por poco margen la Alcaldía del puerto del norte del Estado se dio a la tarea de crear empresas fantasma. Su gestión en el gobierno de Tuxpan, le sirvió de ensayo para preparar lo que meses después haría a nivel estatal. 

Hace un año la Fiscalía General del Estado pidió el desafuero de Silva Ramos. La Organización Alianza Social Independiente presentó, en 2016, una denuncia social con relación al tema del alumbrado público, Roberto Carlos Capitán Dávila señaló que en 2012 el Congreso del Estado autorizó a Tuxpan, durante la administración encabezada por Alberto Silva Ramos, un crédito por 100 millones de pesos, más comisiones y gastos financieros para que se llevara a cabo la contratación de la empresa Mexiled S.A. de C.V. para realizar el proyecto que consistía en el suministro, instalación y mantenimiento de materiales y equipos destinados al ahorro energético en el sistema de alumbrado público de este puerto. 7 mil 345 luminarias nunca fueron adquiridas, pero los documentos correspondientes estaban asentados en una empresa fantasma.

Cuando fungió como Secretario de Desarrollo Social adjudicó más de 635 millones de pesos a las compañías irregulares, con contratos falsificados.

Cuando trabajó en la Coordinación General de Comunicación Social, la Fiscalía de Veracruz investigó y determinó pagos irregulares hacia empresas fantasma. En 2017 pidió formalmente al Congreso de la Unión el desafuero de Silva Ramos.  Pero la Comisión de Puntos Constitucionales, con mayoría priista, terminó desechando el procedimiento.

Silva Ramos negó  los cargos e inculpó a la Secretaría de Finanzas de la entidad, que encabezaba Antonio Tarek Abdalá, a quien también se investiga desde hace tiempo por malos manejos. Otros de los que seguramente visitarán la cárcel en caso de hacerse justicia en este país son:  Adolfo Mota Hernández, ex Secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera ex Oficial Mayor de dicha dependencia, único que no es priista, es miembro del Partido Verde, que no es lo mismo pero es igual; y Noemí Guzmán Lagunes, ex Secretaria de Protección Civil.

Antonio Tarek Abdalá autorizaba desde la Tesorería todo lo que el resto de los cómplices de Javier Duarte desviaban. Sabía de sobra que se trataba de empresas fantasma. Daba el visto bueno a la salida de recursos con destino a empresas cuyos lugares existían pero se trataba de vecindades o casas particulares a veces deshabitadas. A los supuestos propietarios de dichas empresas se les pagó, en algunos casos, cantidades mínimas para firmar documentos cuyo contenido desconocían.

Abdalá es investigado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y peculado. Pero en octubre del año pasado, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por un diputado priista, impidió se le diera trámite a dicha solicitud, argumentando que el expediente no estaba completo.

En cuanto a Noemí Guzmán Lagunes, encabezó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, desde donde otorgó contratos por casi 60 millones de pesos a compañías fachada.

La danza de millones de pesos fluctúa, pero el resultado final es la quiebra financiera del gobierno del Estado.

Adolfo Mota Hernández  y Edgar Espinoso realizaron pagos a empresas fantasma por más de 216 millones de pesos en la Secretaría de Educación de Veracruz antes de ser diputados federales. El primero como titular de la dependencia y el segundo como Oficial Mayor.

Sus horas extras en la impunidad iniciaron en septiembre de 2015, es decir, terminando su gestión al frente de sus respectivas dependencias. Esto comprueba que la diputación fue adoptada como una manera de obtener el Fuero y dejar pasar el tiempo y esperar la prescripción del delito, nunca fue una opción para seguir sirviendo a los veracruzanos. Sus intervenciones en las sesiones simplemente no existieron.

A pesar de lo que pueda pensarse, el castigo para los cómplices de Javier Duarte podría no aplicarse, la reclasificación que hizo la PGR de los delitos imputados al ex gobernador, permite una gran flexibilidad a sus cómplices entre ellos los arriba nombrados, que no son todos por cierto.

La promesa de campaña de Miguel Ángel Yunes Linares sobre el encarcelamiento de Duarte y sus cómplices parece írsele de las manos

La revista Proceso, publica la declaración de uno de los cómplices de Duarte, muy probablemente uno de los cinco que ahora son investigados: “El gobierno de (Enrique) Peña acordó apretarnos, exhibirnos… pero no ahorcarnos”.

Habrá que subrayar que nadie desaforó a los ex diputados federales implicados, se les terminó el tiempo de protección, ahora sólo falta que la ley, en los estertores de este sexenio, cumpla, por fin, con su deber.

PEGA Y CORRE.- Tanto que habló Yunes Linares de limpiar el Estado y resulta que a punto de dejar el cargo se sabe que Andrés Vargas, quien fuera su piloto, fue detenido en Venezuela con un cargamento de droga y confesó tener vínculos con el Cártel de Sinaloa desde hace años.

Viajaba en el avión propiedad del empresario Rodrigo Campos, concesionario de Comex en Veracruz, y que prestó a Yunes Linares para su precampaña y campaña en 2016.

Estos pilotos, señala el periodista e investigador Ricardo Ravelo, trasladaron a Yunes Linares a distintos países de Centroamérica para rastrear las propiedades del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y su socio, el diputado local Vicente Benítez, otro que está a punto de alcanzar la impunidad vitalicia…