A salvo los bienes mal habidos

Ángel Álvaro Peña

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ALMA GRANDE

Los premios a la corrupción en Veracruz traspasan las fronteras, y la justicia mexicana en lugar de quitar el fuero a los sospechosos de atentar contra los intereses de los veracruzanos los encubre para que la impunidad sea eterna.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados frenó la solicitud de votar los desafueros de los priistas Tarek Abdalá y Alberto Silva, señalados como cómplices de Javier Duarte durante su mandato.

El grupo parlamentario del PRI, pidió la opinión de la Dirección de Asuntos en San Lázaro para definir el procedimiento. Así, la podredumbre de la administración pública trastoca la conducta de los funcionarios quienes sólo basta que sean miembros del PRI para alcanzar la impunidad, afectando la credibilidad de otras instituciones como lo es la propia PGR que ahora su titular suplente actúa fuera de la ley al intentar despedir al fiscal de la Fepade, sin que sus atribuciones se lo permitan.

Pero uno de los mayores problemas de esta administración pública ha sido la falta del hábito de la lectura, actividad obligada en todo político que se digne de serlo, sin embargo, para los miembros de la alta clase política es algo que no tiene sentido.

Y precisamente por esa falta de costumbre de leer, es que sus disposiciones han tenido que ser canceladas y sólo quedan en ridículo.

Así, los diputados del PRI consideran que su principal objetivo es obedecer al partido y proteger a sus militantes y no representar los intereses de la población; en esa grave confusión que la costumbre ha hecho tradición, se muestran impunes tanto los cómplices de Duarte, como quienes les permiten seguir gozando del fuero, y, por lo tanto de la impunidad.

Cuatro legisladores de la Sección Instructora votaron el 12 de octubre los juicios de procedencia contra los dos ex funcionarios de Javier Duarte en Veracruz, acusados del desvío de recursos públicos, pero en ambos casos se registraron tres empates consecutivos.

El presidente del órgano jurisdiccional, Ricardo Ramírez Nieto, turnó los dictámenes a la Mesa Directiva para determinar el trámite correspondiente, pero el diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín devolvió los expedientes, tras afirmar que no procede someterlos a consideración del Pleno.

Ante esta situación los líderes parlamentarios del PAN, PRD y MC propusieron a la Junta de Coordinación Política enlistar los desafueros para su votación en el Pleno, pero el PRI y sus aliados lo frenaron.

Las redes de la corrupción se extienden ante la impunidad y traspasan las fronteras de nuestro país. Hace días, el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio de Estados Unidos solicitó al Senado de su país investigar a los prestanombres de funcionarios mexicanos involucrados en actos de corrupción.

Porque muchos funcionaros públicos, sobre todo de la administración de Javier Duarte, como el propio ex gobernador, trasladan su dinero al vecino país del norte, y adquieren propiedades o lo invierten en bienes raíces.

El objetivo de la investigación es desmantelar las redes que políticos mexicanos corruptos usan para lavar dinero e invertir sus bienes de procedencia ilícita en Estados Unidos.

“Hemos descubierto que la red presuntamente involucrada en el lavado de dinero obtenido por Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz recientemente extraditado de Guatemala a México, aún está vendiendo bienes en Florida que están sujetos a investigación en México”, afirmó el sindicalista en una carta enviada al senador Charles E. Grassley, Presidente del Comité Judicial del Senado.

Si la justicia mexicana calificara de delincuentes a estos corruptos, el resto de los países involucrados en los bienes y dineros de personajes como Duarte y sus cómplices serían investigados también en el extranjero.

La inexplicable tardanza de los juicios contra Duarte y sus amigos, y la imposición de un fuero a personajes por los que nadie votó pero que son legisladores, como si representaran algo más que sus intereses personales, tienen ahora una explicación.

Al tardar el proceso contra los corruptos, éstos se toman su tiempo para vender, bien vendidos, sus bienes en el extranjero. Casas y residencias de lujo que nunca formaron parte de su declaración patrimonial y que no fueron detectadas puntualmente por las autoridades mexicanas.

Así, el juicio contra Duarte puede durar meses o años, mientras esto sucede y no es declarado culpable sus bienes en el extranjero y muchos de ellos en nuestro territorio, son vendidos al mejor postor, o simplemente traspasados a familiares, compadres y amigos, fuera de toda sospecha.

De ahí que en el vecino país del norte haya preocupación por este tipo de negocios con inmuebles adquiridos con dinero mal habido.  La organización destacó que es importante procesar a los prestanombres de redes de políticos de México, y agregó que algunas Fiscalías de Estados Unidos han decomisado bienes y han obtenido declaraciones de culpabilidad de parte de algunas personas en las redes, a cambio del testimonio en contra de funcionarios corruptos.

Ante esta situación algunos legisladores estadounidenses señalan: “El Partido Revolucionario Institucional actualmente controla la maquinaria federal de proceso judicial en contra de funcionarios estatales corruptos, sin embargo, todos los gobernadores actualmente bajo proceso fueron elegidos como miembros del PRI”.

Por un lado la lentitud de la justicia para declarar culpable a Duarte, y por otro conservar arbitrariamente el fuero de sus cómplices,  permite que sus bienes se conviertan en una inversión que a veces no es del todo legal ni siquiera a través de prestanombres, porque en Estados Unidos el origen del dinero con el que se adquieren casas, departamentos, terrenos y residencias sigue siendo importante para la justicia.

La justicia mexicana  está diseñada a conveniencia no sólo de la libertad de los funcionarios corruptos sino del mejor precio de los bienes adquiridos por esos delincuentes dentro y fuera de nuestras fronteras.

PEGA Y CORRE: La PGR y el SAT obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales contra socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte. Hay personas de bajos recursos, militantes del PRI, gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados…